La reciente reforma de la jurisdicción universal en España desplega todos sus efectos en el ámbito internacional. El retroceso español en la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos se ve mitigado por la mejoría en las relaciones diplomáticas con otros gobiernos. La impunidad oficial de la comisión de crímenes internacionales se refleja en actos tranquilizadores que llevó a cabo en Israel el pasado 18 de octubre, domingo, el presidente de Gobierno José Luis Zapatero. En el trascurso de los viajes oficiales a Oriente Medio, Zapatero destacó durante su estancia en Israel, la despreocupación que deben sentir las autoridades de este país ante la posibilidad de que España emprenda acciones judiciales. La revisión de la jurisdicción universal no lo permite. Durante la entrevista que concedió el presidente a la cadena de televisión Channel 2 declaró "hemos trabajado para delimitar y acotar los casos en los que se puede llevar a la gente a juicios por hechos cometidos en otros países. En mi opinión, ahora la legislación española es más lógica, más racional". En la misma línea manifestó que "es un tema que en una primera etapa ha producido fricción y ahora ha producido en esta etapa una mejor relación entre España e Israel".
A pesar de la existencia del Informe Goldstone, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia las violaciones de Derechos Humanos producidas por Israel y Hamás durante la ofensiva israelí a finales de diciembre y principios de enero de este año, Zapatero condenó tajantemente el terrorismo y el uso de la violencia, sin embargo no quiso valorar el contenido del Informe con el fin de no entorpecer un proceso de paz.
Manifestaciones contrarias a la reforma
El día 7 de octubre de 2009 tuvieron lugar dos acontecimientos opuestos. Por una parte la votación favorable dentro del Senado del Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, y con ella el aniquilamiento del principio de justicia universal y la muerte de la implacable trayectoria en la persecución de violaciones de derechos humanos que recorrió hasta entonces España. Por otra parte, manifestaciones denegadas fuera del Senado convocadas por Organizaciones Internacionales como Amnistía Internacional.
Este Proyecto de Ley implicaba sutilmente la reformulación del art.23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regulaba el antiguo principio de justicia universal.
España se sumó, el pasado viernes 15 de octubre, a la tendencia restrictiva imperante que consiste en una inaplicabilidad del reformado principio, ya que tan solo podrá invocarse en tres supuestos excesivamente excepcionales. Es decir, en el caso de que el supuesto criminal internacional se halle en territorio español, si las víctimas son españolas o si el suceso presenta algún vínculo relevante con España. Además ha de darse la circunstancia de que ningún Tribunal internacional u otro competente esté juzgando el caso.
El origen de la renovación
El 25 de junio de 2009 el Congreso procedió a la aprobación del citado Proyecto. El PP declaró que el fin de la reforma era "solventar la problemática que afectaba a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos". El senador popular Conde Bajén manifestó que era necesario "poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Naciona que se dedicaban a hacer lo que no debían ". El PSOE por su parte, con una posición más neutra, aclaró la necesidad de España de no inmiscuirse en asuntos que no le conciernen. La obsoleta lucha contra la impunidad de crímenes
La batalla contra la impunidad de perpetradores de delitos contra la humanidad no solo permitió impulsar una conciencia en la comunidad internacional sino que también permitió que los Tribunales españoles conocieran de crímenes como los sucedidos en Guatemala cuando, entre 1978 y 1986, 250.000 personas perdieron sus vidas; en Ruanda, en el que sirvió de fundamento para dictar órdenes de arresto contra altos cargos del Frente Patriótico Ruandés que actualmente ostentan cargos políticos y militares; así como auxilio a los familiares de las víctimas que murieron en Gaza en 2002 ante la ofensiva de Israel.
La lógica y la racionalidad de Zapatero se corresponde al archivo injustificado de causas pendientes de juzgar. Una realidad que se reduce a la inaplicabilidad de un principio que fundamentaba la actuación de los Tribunales para perseguir la comisión de delitos en contra de la humanidad. A través de la reforma de la jurisdicción universal las buenas relaciones comerciales y diplomáticas entre los estados han ganado la batalla al derecho a la vida de todas las personas.
